Si la ley se aprueba por  las Cortes de Aragón, esto supondrá para esta comunidad autónoma ser la pionera en la puesta en marcha de los compromisos de la Cumbre del Cambio Climático recientemente celebrada en Kioto, incluso se podrá alcanzar el objetivo propuesto por los pequeños estados agrupados en la AOSIS, y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que integra a 1.500 científicos expertos en el clima, es decir, reducir en un 20% las emisiones de CO2 para el 2.005 tomando como referencia a las emitidas en 1.990.

Esta Ley impulsará el ahorro energético y el desarrollo de las energías renovables con el objetivo de lograr para el año 2.010 que el 15% del consumo de energía sea de origen renovable, como ha indicado la Unión Europea. Las enormes potencialidades con que cuenta Aragón en energía eólica, biomasa, hidroeléctrica y solar, suponen un activo económico y de creación de empleo de primer orden.

En el texto presentado se propone crear un Plan Plurianual de Ahorro y de Promoción de las Energías Renovables que deberá contener al menos:

•Un Programa de ahorro y de gestión de la demanda, con especial incidencia en el sector de la edificación, los electrodomésticos, la industria y el transporte.
•Un Programa de energías renovables, incluyendo un subprograma de cogeneración.
•Un Programa de sustitución de productos energéticos convencionales por otros menos contaminantes.
•Un Programa de fuentes energéticas endógenas.

Como instrumento de gestión se propone la creación de un Instituto de Energías Renovables y Eficiencia Energética, con naturaleza de Entidad de Derecho Público y que tendría como objetivo básico el articular la política activa de la Comunidad Autónoma aragonesa en estas materias, logrando la agilidad que proporcionan estas entidades, pero sin que se pierda el necesario control público de sus actuaciones. Se establecen unos órganos de gobierno de estructura sencilla, evitando burocracias y organigramas excesivos. También se abre la puerta a la participación del Instituto en sociedades mercantiles para actuaciones puntuales.

Se ha buscado que la figura del Director cuente con independencia y sea de amplio consenso político. Para ello, se exige que sea nombrado por las Cortes de Aragón con el apoyo de, al menos, dos tercios de los diputados. También se crea un Consejo Asesor para lograr una amplia participación social en estas materias.

La ILP considera que la energía nuclear no es una prioridad en Aragón y se prohibe la construcción en nuestro territorio de centrales nucleares o cementerios de residuos radiactivos. Así mismo, se considera que la investigación en materia nuclear no debe contar con financiación pública y limitada a reactores experimentales que no sobrepasen los 500 Kw de potencia eléctrica. Ello excluye al Rubbiatrón que bajo la falsa apariencia de un laboratorio esconde un verdadera central nuclear de más de 100 Mw. Hay que recordar que las autoridades y empresas aragonesas apoyan el proyecto del profesor Rubbia que consiste en instalar en Aragón un denominado amplificador de energía.

La Comisión Promotora de la ILP, y que tiene como misión impulsar y sostener la iniciativa, está formada por la Coordinadora Ecologista de Aragón, la Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace y Comisiones Obreras.

Las fases por las que tiene que pasar la ILP son las siguientes:

1. Aceptación por la mesa de las Cortes, que ya ha sucedido.
2. Informe del letrado sobre la "legalidad" del texto presentado.
3. Recogida de un mínimo de 15.000 firmas en un plazo de 6 meses desde la aceptación de la misma.
4. Reconocimiento por las Cortes y la Junta Electoral de las firmas y del cumplimiento de los requisitos.
5. Debate parlamentario. Primero en comisión y luego en el pleno de las Cortes. Si la ILP se modifica sustancialmente a lo largo del debate los promotores pueden retirarla.

Hay que recordar que esta ILP es la segunda que se tramita en las Cortes de Aragón. La anterior ILP desembocó, con éxito en la creación del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón.

El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón fue resultado de una propuesta de la Coordinadora Ecologista de Aragón (CEA) para crear en un órgano de participación ciudadana en materia de medio ambiente, ante la carencia de una Consejería o una Agencia específicas en el Gobierno de Aragón. El proceso arrancó en 1988 con el llamamiento a la colaboración de numerosos grupos ciudadanos y la creación de una Comisión Promotora. Mediante Iniciativa Legislativa Popular (ILP), regulada por la Ley 7/1984, se  recogieron en la región las 15.000 firmas necesarias para llevar a las Cortes de Aragón la propuesta de crear un órgano de participación que  asesorase al Gobierno de Aragón. El esfuerzo cristalizó cuatro años después con la aprobación de la Ley 2/1992 por la que se creaba el Consejo de Protección de la Naturaleza (CPN) aunque bastante disminuido y recortado por los grupos parlamentarios, quedando, al final, como órgano consultivo.

En el CPN están representados empresarios, sindicatos, instituciones de investigación, la administración y organizaciones ecologistas. El Consejo se reunió por primera vez en 1993 tras constantes presiones para luchar contra la pereza de los políticos en poner en marcha un órgano que nació gracias a la iniciativa popular y que es un claro ejemplo de participación y democracia directa. Este fenómeno de falta de interés se ha repetido en cada cambio de gobierno, lo que da idea de los vaivenes a los que está sometida la gestión ambiental. No obstante, el CPN es un cauce de participación pública a potenciar y a utilizar por los ciudadanos y en él tienen lugar intensos debates entre los sectores enfrentados, básicamente impulsados por las asociaciones ecologistas, que demandan constantemente conocer y debatir la gestión ambiental del gobierno aragonés.

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