En los albores del nuevo milenio nuestros ríos, lagunas y humedales no
pueden seguir siendo considerados como simples proveedores de agua para
regadíos e industrias, o como cloacas para verter residuos y desechos... Es
hora de reconocer su tremendo valor patrimonial desde el punto de vista
ambiental y social.  Nuestros ríos marcan el carácter y la identidad de
nuestras ciudades y comarcas. Ríos, torrentes, cascadas, ibones y lagunas
son verdaderamente alma y magia de multitud de paisajes y rincones. El agua
es por otro lado elemento esencial de nuestra dieta alimenticia y por ello
nuestra salud depende en gran medida de su calidad. Hoy los llamados
“usuarios” del agua no son sólo regantes e hidroeléctricos sino todos los
ciudadanos.

Todo lo dicho no quita valor a sus usos productivos, pero sí debe llevarnos
a acotar la insaciable voracidad especulativa, productivista y contaminadora
de algunos para llegar a un equilibrio, en beneficio del conjunto de la
sociedad, que nos permita salvaguardar estos patrimonios ambientales en una
perspectiva de Desarrollo Sostenible. Es hora de desmitificar los
demagógicos planes de expansión del regadío vigentes en la propaganda
política,  para abrir paso a un enfoque moderno que permita reconocer los
problemas reales del medio rural actual y arbitrar soluciones operativas.
Hoy la mayor parte de los riegos con aguas superficiales tienen una
eficiencia que tan apenas si llega al 40%, y su rentabilidad económica se
salva coyunturalmente en gran medida gracias a las subvenciones europeas de
la PAC. Por ello el reto esencial en materia de regadíos se debe centrar en
la modernización, tanto de nuestros sistemas de riego como del tipo de
productos y del nivel organizativo y actitudes empresariales vigentes en
gran parte del sector...

Desgraciadamente sigue predominando en importantes sectores de nuestra clase
política la demagogia hidrológica basada en la mitificación de las grandes
obras hidráulicas, pagadas por el dinero de todos... Hoy más que nunca esa
política  encubre, desde los pretendidos objetivos sociales de los grandes
nuevos regadíos (inviables económica y políticamente en el marco de la Unión
Europea...), redes de corrupción administrativa, oscuros intereses de
grandes compañías (constructoras y eléctricas) y proyectos de grandes
trasvases que desequilibrarían social y economicamente más al país e
implicarían verdaderos desastres ecológicos.

En un momento en que se iniciaban esperanzadores giros hacia una política de
regadíos centrada en la prioridad de la modernización, y en un momento en el
que en Europa se avanzan nuevos criterios de modernidad con la eleboración
de la nueva directiva de aguas, el recientemente publicado Libro Blanco del
Agua, es un paso atrás decepcionante. Tramitado desde la precipitación de
los políticos y sin el necesario debate social y técnico que tan
reiteradamente se prometió, su aparición lejos de abrir un debate en la
perspectiva de la Nueva Cultura del Agua, vuelve a colocar en el centro de
las expectativas gubernamentales la vieja e insostenible política de
trasvases por razones fundamentalmente electoralistas.

Parece así ratificarse el poder dominante de los grupos de presión,
hidroeléctricas y constructoras, representados por la figura del Secretario
de Estado de Aguas y Costas, Don Benigno Blanco, jefe del gabinete jurídico
de Iberdrola. En un Ministerio que destina los 2/3 de su presupuesto
dedicado al hormigón y tan sólo un tercio a la conservación y gestión del
medio ambiente, los últimos enfrentamientos y dimisiones forzadas de altos
cargos  colocan al Gobierno ante la necesidad de clarificar definitivamente
su política medioambiental.

Corren tiempos en los que se glorifica el papel del Mercado, más allá sin
duda de lo justo y razonable, ofreciéndolo incluso como la clave mágica de
la futura gestión de aguas. A nuestro entender es preciso salvaguardar la
gestión pública de nuestros ríos y acuíferos, pues sólo desde esta base se
podrán articular con equidad valores sociales, culturales, ambientales y de
ordenación territorial equlibrada esenciales, hacia los que el mercado es
ciego e insensible.

El reciente acuerdo entre los Gobiernos de España y Portugal, lejos de abrir
un nuevo proceso de planificación integrada de las cuencas compartidas
(Miño, Duero, Tajo y Guadiana) se ha limitado a intercambiar “favores”
gubernamentales. Es urgente la revisión de los planes de estas cuencas con
la participación directa de las regiones y comarcas de ambos paises,
extendiendo la aplicación del principio de la Carta Europea del Agua y de
nuestra propia Ley de Aguas, que reconoce la Cuenca Hidrográfica como marco
esencial de planificación y gestión.

Hoy es preciso promover una Nueva Cultura del Agua que sustancie un profundo
giro en la política hidráulica; una nueva política basada en la sensibilidad
hacia los valores ambientales y sociales; una política equitativa y de
respeto hacia los derechos de todos los ciudadanos, y en particular de las
minorías de la montaña, tradicionalmente avasalladas en nombre del
“Progreso”; una política  moderna basada en la gestión de la demanda, el
ahorro, la eficiencia y la conservación de la calidad del recurso; una
política de profunda democratización de las Confederaciones Hidrográficas
como marco institucional  de gestión  de las aguas; una política de
superación de fronteras que integre en un marco unitario de gestión a las
regiones de cada cuenca por encima de consideraciones nacionales...
Por todo ello las organizaciones firmantes hacemos un llamamiento al debate
social, técnico y político  que permita alumbrar el necesario giro
hidrológico que nuestra sociedad requiere hoy, al tiempo que respaldamos el
llamamiento a la movilización ciudadana en Madrid el día 21 de Marzo en pro
de esa necesaria Nueva Política de Aguas.